Friday, November 30, 2007

Landerretche, el modelo y los jardines


Diario Financiero
la columna de... Oscar Landerretche
Jardín inglés
(Publicado : 30/11/2007, 5:0 horas)

El jardín salvaje californiano se alimenta con
inmigraciones de plantas y animales. El jardín
inglés requiere de política pública… es decir,
política de jardinero, cuidadosa, equilibrada y precisa

Todo jardinero amateur tiene una decisión
doctrinaria que hacer. Es una migrante decisión
doctrinaria que nos visita cada primavera con los
nuevos aires y los zorzales. Una decisión
doctrinaria fundamental que afectará el carácter
futuro de nuestro jardín, pero que,
adicionalmente se convertirá en un reflejo de
nuestra forma de ser. Un reflejo de nuestra personalidad política… nada menos.

La decisión es simple: ¿qué prefiere usted para
su jardín? ¿el elaborado orden de un jardín
barroco francés? ¿ese imperio de la geometría y
la planificación centralizada? ¿con jardineras
llenas de patrones cromáticos y formas
geométricas que proclaman nuestro control sobre
la naturaleza? ¿es un jardinero francófilo,
obsesionado con las masónicas herramientas del
orden: la escuadra y el compás? Si éste es su
gusto recomiendo los notables jardines de la Viña
Santa Rita en Alto Jahuel. No es casualidad que
la antigua casa patronal (que hoy opera de hotel)
haya sido el hogar del caudillo conservador
Domingo Fernández Concha. ¿Qué otro personaje de
nuestra historia podría estar más obsesionado con el orden?

¿O prefiere la desatada anarquía natural de un
jardín salvaje californiano? ¿Ese oasis de
intensidad darwineana donde sobreviven los
fuertes y se siente el zumbido intenso de la vida
en las calurosas tardes? ¿es de su gusto ese
tributo a la selección natural? ¿a la intensidad
de la vida desatada con gatos, pájaros y
mariposas que se persiguen y alimentan
mutuamente? Ese tipo de jardín expresa, para mi
gusto los aspectos centrales de la cultura
yanqui: esa furiosa libertad, sin protecciones,
sin orden, que se sustenta sobre la base del
predominio de los más fuertes. Un jardín salvaje
bien logrado puede ser muy hermoso también.

Hay muchos otros estilos también: la religiosa
luz del jardín persa, la contenida intimidad del
zaguán español, la eficiencia minimalista del
jardín holandés, el detallismo orgánico del
jardín japonés, la artificialidad plástica del
jardín suburbano gringo, el seco y equilibrado
orden del jardín zen, o incluso, la eficiente
monotonía y simpleza maoísta del campo de arroz.
En fin, cada tipo de jardín parece reflejar
claramente obsesiones nacionales, políticas y
religiosas. Cada uno hermoso a su manera. Yo
prefiero el jardín inglés. O para ser más preciso
el English Cottage Garden y que uno podría
traducir literalmente como Jardín de Casa de Campo Inglesa.

La característica central del Jardín Inglés es
que combina diversidad y orden, utilidad y
belleza. Sus orígenes son medievales. En una
época en que escaseaba la tierra, se optaba por
cultivar pequeñas cantidades de las plantas que
se requerían para la vida diaria, tanto para el
alimento del estómago, de la salud y del alma.
Por ende, la característica central de ese jardín
es que todas las plantas se cultivaban
entremezcladas. Se mezclan hierbas medicinales,
flores y vegetales, las que se sostienen en una
hermosa y aparente anarquía. Digo aparente porque
todos sabemos que en un ambiente así tiende, en
el tiempo, a operar la selección natural. Es
decir, tienden a predominar aquellos que han
heredado fuerza de sus antepasados. La diversidad
y utilidad del cottage garden , desafortunadamente, no son sustentables.

Por ende, el jardinero inglés tiene que
intervenir fuertemente para mantener el
equilibrio. Un equilibrio que mantiene un jardín
diverso pero ordenado, hermoso pero productivo.
Su intervención es decidida y está cargada de
propósito… pero también de respeto por las
plantas. Su intervención es precisa y eficiente…
no puede ser de otro modo en un jardín pequeño y
frágil. Su intervención es calculada y
científica. Es muy difícil lograr un buen cottage
garden, ya que requiere un nivel de preocupación
muy alto. El jardín barroco francés se ordena
rápidamente con tijerones de podar. El jardín
salvaje californiano se alimenta con
inmigraciones de plantas y animales que luchan
por sobrevivir. El jardín inglés requiere de
política pública… es decir, política de
jardinero, cuidadosa, equilibrada y precisa.

Hay un paralelo divertido con la discusión
chilena sobre el modelo. Una forma de verlo es
pensar en que los "modelos" que están en debate
son opciones doctrinarias de política pública,
emparentadas con las opciones doctrinarias de los
jardineros amateur como yo: las geométricas
obsesiones de la planificación centralizada o la
violencia darwineana del culto al mercado libre.
Y la preferencia de algunos de nosotros: el
equilibrado y orgánico enfoque progresista del jardinero inglés.

Friday, November 23, 2007

[Prensa] minorias sexuales contra el femicidio, MARCHA!!



---------- Forwarded message ----------
From: Federación Chilena Diversidad Sexual <diversidadsexualchile@gmail.com >
Date: Nov 23, 2007 12:06 PM
Subject: [Prensa] minorias sexuales contra el femicidio, MARCHA!!
To: info@minoriassexuales.cl


Santiago, 23 de noviembre

MINORIAS SEXUALES PARTICIPARON EN EMOTIVA MARCHA CONTRA EL FEMICIDIO

 

Miles de personas marcharon en Santiago y en otras 14 ciudades de Chile en contra de la violencia de género y de las 59 mujeres que ha sido asesinadas este año. La actividad convocada por la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, contó con la participación de la Federación Chilena de la Diversidad Sexual (Fedisech)

 

            Una alarmante cifra de 59 mujeres han perdido la vida en el transcurso del 2007, sumándose a la negra cifra de personas víctimas del femicidio que ha tenido Chile a lo largo de su historia y que ha llevado al gobierno a reconocer que tal grave problema es de carácter nacional.

Para sensibilizar a la ciudadanía y combatir el femicidio,  la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual organizó anoche diversas manifestaciones que sacaron a las calles miles de personas en Arica, Antofagasta, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, Rancagua, Pichilemu, Talca, Chanco, Concepión, Temuco, Osorno, Valdivia, Castro y Santiago.

Contando con la adherencia de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, y de  unas 159 organizaciones, entre esas la Federación Chilena de la Diversidad Sexual (Fedisech), en Santiago la marcha partió en Plaza Italia y llegó hasta  la Plaza de la Ciudadanía, en el frontis de La Moneda, en medio de consignas contra la violencia de género.

            En el lugar las mujeres, muchas de ellas acompañadas por sus hijos e hijas, clavaron las 59 antorchas que venían portando desde Plaza Italia en homenaje a las mujeres que han perdido la vida en manos de sus esposos, parejas o novios.

            Durante las manifestaciones de Santiago y regiones, las organizadoras llamaron  "a las mujeres a no tolerar ninguna forma de machismo, abuso y agresión en su contra" y a "todos los sectores sociales, culturales y político, a no ser cómplices repudiando toda violencia en contra de las mujeres y el femicidio, como su expresión más extrema".

Teniendo como consigna central "cuidado, el machismo mata", los manifestantes también demandaron "a las instituciones públicas avanzar en políticas coherentes, coordinadas que den una protección eficaz y oportuna, así como servicios de calidad, condiciones materiales y reparación a las mujeres, reforzando su condición de sujetas con poder de decisión sobre sus vidas"

En tanto, representantes de la Fedisech, sostuvieron que "la violencia contra las mujeres transexuales, heterosexuales, bisexuales o lesbianas es una realidad que daña con horror a la sociedad en su conjunto, pues la vuelve enferma y peligrosa. Por eso también decimos no más femicidios ni ningún otro tipo de violencia de género".

De acuerdo  a una encuesta efectuada por la Corporación Humanas, el 88 por ciento de las mujeres cree que no cuentan con redes de protección adecuadas cuando denuncian a sus agresores, mientras que el 78 por ciento estima que la violencia de género ha aumentado.

La encuesta aplicada a  mil 135 mujeres  entre el 17 agosto y el 12 septiembre pasado, reveló, en ese sentido, que la imagen de las instituciones públicas cuya labor es prevenir o sancionar la violencia de género, ha empeorado en 20 puntos porcentuales desde el 2006 a la fecha.



Federación Chilena de la Diversidad Sexual (Fedisech)
www.minoriassexuales.cl


Thursday, November 15, 2007

David Rieff (NYT) on Bachelet


http://www.nytimes.com/2007/11/18/magazine/18bachelet-t.html?_r=1&hp&oref=slogin
The New York Times
November 18, 2007
After the Caudillo
By DAVID RIEFF

Bona fide examples of poetic justice in politics, where the innocent
are vindicated and the wicked get their just deserts, are about as
rare in real life as they have been commonplace in popular culture,
dating at least as far back as "The Count of Monte Cristo." And yet to
the extent that such things do occur, the political triumph of
Michelle Bachelet, the current president of Chile ­ and the first
woman in South America who can be said to have earned the title on her
own merits ­ has been just such an event. The woman who was, as a
23-year-old medical student, briefly imprisoned along with her mother
by the dictatorship of Gen. Augusto Pinochet and whose father, Air
Force Gen. Alberto Bachelet, was tortured and died in military custody
in 1974, is now Chile's chief of state ­ while the dictator died, his
reputation in tatters, shortly after she took office.

Of course, Bachelet is not a character in an adventure novel, and
Chilean reality is far more complicated than a morality play. To the
contrary, Bachelet, now two years into her presidency, is a prime
example of the moral quandaries and emotional strains that still
affect Chileans old enough to remember the Pinochet dictatorship. As
many pointed out to me during a recent visit, Chile is not South
Africa, and Bachelet's ruling Concertación alliance ­ bringing
together a number of center and center-left parties ­ is not the
African National Congress. The transition to democratic rule in Chile
was not, as in the case of South Africa, a case of a losing side and a
winning side. After the democratic government of President Patricio
Aylwin assumed power, Pinochet remained commander of the armed forces
and senator for life. (He was stripped of senatorial immunity after
his indictment for crimes against humanity by the Spanish magistrate,
Baltasar Garzón.) A result is that to this day, 17 years after the
return of democracy, Chileans of all political persuasions still live
in something of a state of contradiction.

Sometimes that is not easy. The writer Jorge Edwards, a supporter of
Bachelet's, told me that you need to remember how small the Chilean
elite was in 1973. Edwards was a diplomat under Salvador Allende, the
Socialist president whom the Chilean military overthrew that year, and
he spent most of the Pinochet era in exile, "Today," he said, "it is
not uncommon for a person who was tortured to cross paths with the
person who ordered his torture." What usually happens then? "Usually,
they pretend not to see each other," Edwards replied and, sighing,
added, "Perhaps it's for the best."

Bachelet certainly behaves as if she agrees and has governed
accordingly. During our interview, Bachelet evinced no particular
emotion about what happened to her either in jail or in exile. Chilean
friends who know her told me this was typical. Only twice, in fact,
did Bachelet seem to need to compose herself. The first time was when
she was describing the circumstances of her father's arrest, torture
and death. The second moment surprised me; it came when I asked
Bachelet whether as minister of defense ­ the post she occupied under
her predecessor as president, Ricardo Lagos ­ she had been tempted to
go after those who had killed her father. Even if she hadn't known
before who they were, she could certainly have found out.

She had not, she told me after a pause. She said this
matter-of-factly, without preening. It was, she said, a personal
choice, and she made a point of discussing it with her mother, making
it clear that her mother should not feel herself bound by her
daughter's decision. Her mother also decided not to investigate
further, and the family let the matter rest there.

In any case, Bachelet told me, "Many people who committed the worst
abuses are in jail, including several of the people I have reason to
believe were among my father's torturers." Then she added, "And you
know my father died of a myocardial infarction after torture, whereas
his torturers were in jail for far worse crimes."

Whatever else you can say about Michelle Bachelet, there is not an
ounce of self-pity in her. She herself says that she is "a
world-historical optimist. And of course, when one is in jail, one
discovers the real value of liberty. You come to appreciate what
before you took for granted. What I was mostly interested in, what I
remain committed to, is less dwelling on the past than creating a
better future."

There are limits to her optimism. As she puts it, "We Chileans may not
be able to agree about what happened, but we can agree we have
established the consensus that we have to resolve our problems
democratically," adding that "a strong consensus now exists in Chile
that human rights must be sacrosanct." But Bachelet is not naïve. She
knows full well that many Chileans still believe the military's coup
against Allende was warranted, and while the country is far less
divided than it used to be, important cleavages remain. Although she
does not say this explicitly, I had the impression that she is not
persuaded Chileans will ever reach a similar consensus about the past.
Painful as it is for many, above all the victims of the Pinochet era,
they may have to agree to disagree. Bachelet is careful not to claim
too much. "I don't use the phrase 'reconciliation' because it is a
religious expression," she told me. "Besides, reconciliation implies
turning the page."

Bachelet was saying, in effect, that there have to be limits to
collective accountability even as the government tries its best to
prosecute those guilty of individual crimes during the dictatorship.
There can be judicial redress, but the chances of South African-style
truth and reconciliation are slim. South Africa had clear winners and
losers. In Chile, many of the leading figures within National Renewal,
the center-right opposition, supported the dictatorship and even
opposed the return to civilian rule in the plebiscite that Pinochet
called in 1988 and that led to his stepping down.

In any case, for Bachelet, reconciliation is a problematic concept for
reasons other than its practical applicability. "In my view," she told
me, "it does a disservice to the memories of the thousands of victims
of the Pinochet regime, to the many thousands more who were tortured
and to their families ­ many of whom still do not know what actually
happened to their relatives, spouses, friends."

Bachelet's refusal to speak of reconciliation has been welcomed by the
associations representing the families of the disappeared. One of
their leaders, Lorena Pizarro, told me that she and her colleagues
felt that Bachelet was more open to their concerns than her
predecessors were. "The president understands in a visceral way, a way
I feel that none of her predecessors have, how imperative it is for us
to know what happened, what anguish it is not to know, even after all
these years. Perhaps it is because she suffered herself."

The Chilean political scientist Arturo Valenzuela, who knows Bachelet
well and admires her, told me that he considers her election the first
important event of what he calls "the post-transition" from the
dictatorship. Even under Ricardo Lagos, president from 2000 to 2006,
it was not yet clear that the military had relinquished all political
ambitions and returned once and for all to the apolitical status that
characterized the Chilean armed forces until the election of Allende
and that Bachelet's own father had exemplified. Indeed, Lagos told me
that early in his term, the chiefs of the army, navy, air force and
military police met publicly in a Santiago restaurant. He called them
into his office, said their display of independence was unacceptable.
He felt that facing them down was a key moment in the re-establishment
of democracy. That was in May 2000, soon after his inauguration.

Today, however, no Chilean speaks or writes as if the military poses
any threat to the country's democracy. Instead, the army is
transforming itself. Gen. Eduardo Aldunate, who oversees Chile's
military schools, started his career as an infantry officer but also
studied international humanitarian law at the Washington College of
Law at American University in Washington, where the dean is Claudio
Grossman ­ a longstanding opponent of Pinochet's who fled Chile for
the Netherlands after Allende's fall. They speak warmly of each other.
Aldunate was acting force commander of Minustah, the United Nations
peacekeeping operation in Haiti, in 2005-6; in his office, he displays
prominently his U.N. blue helmet and other memorabilia of
international service. And he is adamant that the Chilean Army is now
emphasizing international and humanitarian missions. When I met him,
he spoke in great detail about the emphasis put on the laws of war ­
above all, the four Geneva conventions ­ in the teaching of new
officer cadets, and the course syllabuses of the military academy very
much reflect these concerns.

Obviously, there are limits, which may be what disappoints some
left-wing critics of the Concertación and of Michelle Bachelet's
tenure as president. When I asked Aldunate whether there were
discussions in seminars about what happened during the Pinochet years
­ which he, like other officers I spoke with, referred to as a
"unique" or "anomalous" period ­ he replied: "Not really. What we
emphasize is understanding of the law and the need to adhere to both
its letter and its spirit." He echoed Bachelet's insistence that human
rights were sacrosanct and that flouting them was incompatible with
the duty of a Chilean officer.

Understandably, the families of the disappeared continue to hope for
more. They remain largely unreconciled to the reigning spirit of
compromise. A measure of their bitterness was evident during last
year's funeral ceremonies for Pinochet, when Francisco Cuadrado Prats,
the grandson of Allende's army chief, Carlos Prats, who was
assassinated in Buenos Aires in 1974 on orders from Pinochet, waited
in line among the dictator's mourners for hours and then, when he
approached the coffin, spat on it. It would be unreasonable to expect
such wounds to ever heal. But as Bachelet pointed out to me several
times, more officers have been tried in Chile for crimes committed
during the dictatorship than in any other country where there has been
a transition from an abusive military regime to democracy.

Most Chileans seem to support Bachelet's careful, nonconfrontational
approach. Even those on the left who are disappointed with what she
has accomplished during the two years she has been in office are quick
to point out how important her election was. As the writer Ariel
Dorfman puts it, "Whether Bachelet does or doesn't do anything
significant during her tenure as president, she did something hugely
important, and hugely positive for Chile, just by being elected."

To a foreigner, the subtext of trauma that the dictatorship still
engenders among Chileans is initially hard to discern. Santiago is
booming; its skyline punctuated by construction cranes. The whole
nation is prospering, having benefited both from the extraordinary
rise in commodity prices of the past few years and from increased
trade with the United States, the European Union and, above all, the
rising economies of East Asia, especially China. Poverty, though still
widespread, was drastically reduced under Ricardo Lagos, and Bachelet
has reduced it further. Educational opportunities have been expanded.
Chileans talk about their country's future not in terms of Latin
American models but in comparison to Asian economies like Singapore's
and South Korea's. Sebastián Piñera, a National Renewal leader and the
right's likely standard bearer in the 2010 presidential elections,
told me flatly that there was no reason Chile couldn't enjoy similar
success, and no senior member of the Concertación seemed to disagree.

To be sure, successive Chilean governments have had little success
helping the 10-to-15 percent of Chileans who live in poverty.
(Government statistics suggest a lower percentage but are widely
contested by activists.) Ricardo Lagos told me regretfully that the
tools that worked to reduce poverty from 21 percent to 13 percent had
not proved effective in reducing the rate still further. For Piñera,
many of whose ideas seem close to those of Nicolas Sarkozy in France,
voucher systems for health and education provide a large part of the
answer, though whether such a solution will appeal to Chileans, who
have grown accustomed to having the state play a central role, is an
open question. Bachelet has emphasized education and given her
minister, Yasna Provoste, considerable leeway in restructuring it. And
in fairness, reducing core poverty is hardly something that the major
industrial countries have had much success with, either, in the past
several decades.

Outside the poorest precincts, young Chileans have high expectations
of their own futures and take democratic stability for granted. After
all, most Chilean high schoolers weren't even born when Augusto
Pinochet relinquished power. But at least among people over 30 in
Chile, you can still identify a somewhat inchoate undercurrent of
anxiety about the dictatorship and its legacy. The anxiety is not
limited to those outraged by the fact that, as Jorge Edwards pointed
out, so many of those complicit in the dictatorship have not only
escaped punishment but have also prospered. (A number of the great
Chilean fortunes of today were made during the Pinochet years, in a
way not so dissimilar to the rise of the plutocracy in Russia under
Boris Yeltsin.) There is also anxiety among those who were, in one way
or another, whether enthusiastically or tacitly, on Pinochet's side.
The uncomfortable truth is that they numbered in the millions, and
pretending that the coup was simply a plot hatched between Chilean
officers and the C.I.A. is to deny this crucial reality.

Some Chilean retired military officers go as far as to insist that
"the nation asked the army to carry out the coup." As the former army
commander Gen. Juan Emilio Cheyre put it to me, "The coup was not
exactly like other coups, because while Allende was elected
legitimately, he governed illegitimately." These are overstatements,
but it is true that both the coup itself and the military dictatorship
had widespread popular support. And Chile remains as divided as it was
on Sept. 11, 1973, when the presidential palace was in flames,
attacked from both the ground and the air by units of the armed
forces. The last photographs taken of the events that day show Allende
incongruously dressed in a business suit while wearing a military
helmet and carrying an AK-47, surrounded by his personal guards. He
died of gunshot wounds soon afterward.

Bachelet's insistence on the need for a "re-encounter" between
Chileans, rather than a reconciliation, is meant to recognize the
reality and the enduring importance of these divisions. Cheyre
displays considerable discomfort with the idea that the military
should be singled out for blame for what happened after Allende's
overthrow, when, as he put it to me, "the entire nation demanded that
we take action." And yet, by all accounts, Cheyre proselytized
tirelessly within the military, traveling from cantonment to
cantonment, lecturing, cajoling, listening, persuading his brother
officers to take another path. And it was Cheyre who literally made
history when, in a crucial speech on the future of the army, he
pronounced the two words that sum up the demands and the vision of
those who have campaigned so long and hard for there to be
accountability for the crimes of the Pinochet years: "Nunca mas."
"Never again."

Many of the shrewdest observers of the Chilean scene believe that it
was only someone like Cheyre ­ a freshly minted second lieutenant at
the time of the coup ­ who could have nudged the army along toward the
new dispensation. José Zalaquett is a professor of law at the
University of Chile and arguably the most distinguished Chilean expert
on human rights. He was imprisoned for three months by the Pinochet
regime. But Zalaquett says that Cheyre did exactly what needed to be
done, and that Lagos (and his minister of defense, Bachelet) were
absolutely correct in not demanding that the army go faster than it
did. Claudio Grossman is even more emphatic: "Those who are demanding
that the Concertación take a more absolutist stance are indulging
themselves in aesthetics, not politics. And one of the things I
learned in my years in exile is that aesthetics belong in museums!"

The pressing question in Chile today, however, is whether Bachelet can
actually manage Chile's future as well as she manages its past.
Bachelet's critics, inside and outside her coalition, insist that she
is not an able administrator. They point out that she was wrong-footed
first by widespread protests by high-school students shortly after she
assumed the presidency ­ and then saw her government's popularity
shattered by the failure of the Transantiago metropolitan
transportation plan.

The students could be pacified, particularly once Bachelet replaced
her minister of education with Yasna Provoste, who was minister of
planning under Lagos. But although Bachelet also replaced her minister
of transportation with a widely admired figure from the private
sector, René Cortázar, Transantiago continues to undermine the
credibility of the government, particularly with its natural
constituency among the poor and the lower middle class. Bachelet
herself minces no words: "We have let down the people we most want to
help, and we have to make it right."

Both Cortázar and Clemente Perez, another replacement Bachelet brought
into government from the private sector, who now runs the Santiago
subway system, are convinced that they have turned the corner. For the
moment, however, it takes ordinary Chileans far longer to get to work
than it did before the Transantiago plan was implemented. In fairness,
Transantiago was Ricardo Lagos's brainchild, and indeed, it was partly
on the basis of promises he made about how people's lives would be
eased by the new transit plan that Lagos succeeded in leaving office
with 70 percent approval ratings. (Chilean presidents may not serve
consecutive terms, though they can run again, as Lagos is rumored to
be considering doing in 2010.) There is even a story making the rounds
in Santiago political circles ­ one denied by Lagos and Bachelet but
widely credited just the same ­ that at Bachelet's inauguration, as he
handed her the sash that is the symbol of presidential office in
Chile, Lagos whispered in her ear, "I'm leaving you a few problems."

 From her first days in office, Bachelet has followed a very different
style from that of her predecessors. She has also been under a
political microscope. After all, Bachelet did not have her office
bequeathed upon her by a powerful husband, as Juan Perón did for his
wife Isabel in Argentina in 1974, or as the Argentine president,
Néstor Kirchner, did late last month with his wife, Cristina, who has
now succeeded him. More than most contemporary politicians, Bachelet
has made a point of trying to maintain a home life distinct from her
political one. When possible, members of her staff will tell you,
Bachelet, a single mother in a country where conservative social mores
remain at least the official norm, spends Sundays at home with her
three children. (She and her husband, the Chilean architect Jorge
Davalos, separated after she returned to Chile in 1979.) Recently,
when her elder daughter fell gravely ill, Bachelet, who is herself a
physician, first was able to diagnose what was wrong, then to drive
her daughter to the hospital and finally to spend more than 48 hours
at her daughter's bedside until it was clear that the danger had
passed.

It is not a modus operandi that you can easily imagine being followed
by Bachelet's (male) predecessors or the current roster of her (mostly
male) political rivals. But then, Bachelet is anything but a typical
politician. During the presidential campaign in 2006, Bachelet liked
to say that "as the old joke goes, I have all the sins together. I am
a woman, a Socialist, separated and agnostic." The gender issue loomed
large in Bachelet's political campaign and, if anything, has loomed
larger in her administration. It seemed to me, after only a few days
in Chile, that the longer people had to complain about Bachelet, the
likelier it was that the gender issue would come up. She has faced the
issue head on, and to a large extent succeeded in turning it to her
advantage during her campaign. Although Lagos, her predecessor, was
extremely sympathetic to women's issues and pushed the first law in
Chilean history permitting divorce through Parliament ­ as well as
taking symbolic steps, like ordering that women be included in the
detail guarding the presidential palace ­ Bachelet went further,
insisting on gender parity in both cabinet and subcabinet positions in
her administration.

Bachelet was stating a fact, not boasting, when she told me that
"women say that my election represents a cultural break with the past
­ a past of sexism, of misogyny." It is increasingly common to hear
Bachelet's critics identify her with failings that men conventionally
impute to women in politics ­ indecisiveness and the like. The polls
consistently suggest, however, that at a time when her government's
popularity has fallen sharply, her own popularity seems more durable.
That is largely because she retains a tremendous popularity among
women. Anecdotally, at least, this finding seems borne out by what is
so immediately striking at any public event at which Bachelet appears:
the women in the crowd seem far more enthusiastic than the men.

For her part, Bachelet says firmly, "I believe that we have succeeded
in creating a stable, solid democracy, and surely I'm not being
self-serving when I say that it is extraordinary that a woman can be
elected in a society like this one." At the same time, she added:
"There are tremendous expectations. Symbolically, we've opened the
windows and doors to let ordinary people in, to encourage them to
participate, but things simply cannot move as fast as people hope. And
in a sense, the fact that people hope for change, as they did,
rightly, with Transantiago, makes them angrier when change is not
immediately forthcoming." That anger has continued to swell over the
past few months, even as the public outrage over the Transantiago
fiasco has begun to subside. There have been trade-union and student
demonstrations in which, much to Bachelet's publicly expressed
annoyance, some members of her government have participated ­ a
breakdown in discipline that Lagos never faced and that is a
continuing challenge to Bachelet's authority. Still, the betting in
Santiago is that she will weather the storm.

Having said that, the two years remaining in her term are an eternity
in politics, and it is dangerous to judge Bachelet's future on the
basis of what the newspapers (which are mostly controlled by the
right) and the chattering classes in Santiago say. As Arturo
Valenzuela, the Chilean political scientist, points out, Bachelet's
election was anything but a fluke: "What Bachelet perceived was the
urgent need to renew politics in Chile. She saw that the parties of
the Concertación had been losing contact with their base and that as a
coalition they were having increasing difficulty holding themselves
together." Bachelet, he added, only really became active in politics
in the 1990s, but she was "right to see the crisis looming for the
Concertación." When I spoke with him in New York, Ricardo Lagos
agreed. "We have been in power for 17 years," he said flatly, "and
that is a very long time in politics ­ longer than Thatcher had or
Mitterrand. I think that if we are going to win again in 2010, we are
going to have to have a new agenda and new faces, not the same old
cast of characters."

Valenzuela emphasized that Bachelet's is the first post-transition
government Chile has had and also the first in which a majority of
important cabinet and subcabinet officials were neither witnesses to
nor actors in the dictatorship. "When Pinochet left," he told me, "the
Concertación had to fulfill three imperatives: show they knew how to
rebuild the country's democratic institutions, show that in contrast
to Allende the left could govern effectively and stay united
politically themselves." Like most observers, Valenzuela says he
believes they did a fairly good job of fulfilling all three. But, he
insists, this achievement is eroding, and he points to the steep
decline in voter turnout as testimony to the souring public mood. It
is, Valenzuela insists, "a structural problem, not just an issue of
how effective a leader Bachelet has proven to be."

There are worse challenges to face. Valenzuela has said that Chile has
"the problems of success," and there is every reason to believe he is
right. That is no small accomplishment, above all in the Latin
American context, where a return to populism seems to have taken hold
in a number of the continent's most important countries, like
Venezuela and Argentina. But it is hardly reasonable for the Chilean
political class to expect citizens to be satisfied with being better
off than their Argentine, Peruvian and Bolivian neighbors when the
record commodity prices that have fueled the boom in Chile's exports
make them dream of living like Singaporeans or South Koreans. Whether
that ambition is warranted obviously depends on Chile making good use
of the revenues flowing into the state treasury and not falling
victim, as so many countries have done, to what development economists
call the "resource curse."

Bachelet argues passionately that this is precisely what her
government has been doing, though Sebastián Piñera, who will doubtless
run for president in 2010, just as passionately argues the reverse. In
a sense, the debate itself is an accomplishment, for it is an emblem
of the fact that, today, politics as practiced in Chile is much the
same as politics in any country that is basically at peace with
itself, reasonably prosperous, in which there is no systemic crisis
and in which hope is the common coin of sane political discourse
rather than the obscene distortion of reality that it becomes when
employed by populist charlatans or self-serving oligarchies. Because
Chileans are like everyone else and can't go on being grateful for how
much better things are in the present than they were in the past, they
don't tend to see things that way, nor should they be expected to. But
transformation of their country from the Chile of Pinochet to the
Chile of Michelle Bachelet is that rarest of commodities in our
wounded times ­ genuine good news.

David Rieff, a contributing writer, covered the recent elections in
Bolivia and Mexico for the magazine. His book "Swimming in a Sea of
Death: A Son's Memoir," about the struggle of his mother, Susan
Sontag, with cancer, will be published early next year.

Wednesday, November 14, 2007

Un Transantiago del Siglo XIX


Por Juan-Carlos Letelier. PHD Facultad de Ciencias, U. de Chile / La Nación
TRIBUNA
Un Transantiago del siglo XIX: el ferrocarril Santiago-Valparaíso


Aunque la idea del tren Santiago-Valparaíso era bastante antigua, el
avance había sido muy lento. Un grupo se había embarcado en 1852, pero
fue un fiasco.

Diego Portales afirmaba que el principal problema del Chile era que
fallaba "el resorte de la máquina". Con esto se refería a que a pesar
de que nuestro país contaba con muchos chilenos entusiastas,
inteligentes, honestos fallaba el principal resorte: la iniciativa y
la energía para vencer las adversidades. Según Portales, los chilenos
teníamos una desgraciada tendencia a dejarnos vencer fácilmente por
las malas noticias. Pues bien, apenas 20 años después de su muerte, se
produjo un evento que ilustró cómo fallaba este "resorte humano".

A partir del éxito del primer ferrocarril construido en Chile
(Copiapó-Caldera, en 1853, con capitales, tecnología e ingenieros
norteamericanos) se pensó en trazar líneas en el corazón de la patria.
Una de estas líneas era el ferrocarril al sur, y la otra, el tren
Santiago-Valparaíso. El primero, al menos en las etapas iniciales
correspondientes al tramo Santiago-Rancagua-San Fernando, fue
relativamente fácil de concretar, porque el trazado seguía el valle
central, con pocos obstáculos geográficos (aunque cruzar el Maipo fue
el hito difícil). En 1862, el ferrocarril hacia el sur estaba en
curso. Pero la situación del Santiago-Valparaíso fue diametralmente
opuesta, debido a que había que cruzar la Cordillera de la Costa.

Aunque la idea del tren Santiago-Valparaíso era bastante antigua (¡la
primera petición de concesión fue en 1845!) el avance había sido muy
lento. Un grupo de inversionistas se había embarcado en el negocio en
1852, pero el resultado fue un fiasco gigantesco. Este negocio se
parecía al Transantiago actual: se consideró que su realización era un
gran logro y el proyecto se desarrolló como una asociación entre
privados y el Estado, siendo el segundo dueño de 50% de las acciones;
el 50% restante estaba en manos de grandes capitales de la época,
entre ellos de Matías Cousiño. Como el Transantiago, existieron varios
planes para el trazado del tren, a lo menos tres modelos (en lenguaje
moderno). Un trazado por Casablanca-Melipilla, otro por las cuestas de
Zapata y Lo Prado (actual Ruta 68) y el tercer trazado siguiendo la
ruta Valparaíso, Viña, Quillota, Llayllay, Cuesta de Montenegro,
Tiltil. Finalmente fue escogida esta última alternativa, y en 1853 se
dio la luz verde para la construcción del tren.

Pero, al igual que nuestra debacle de 2007, la mala planificación se
hizo notar desde el inicio. Temas centrales, como la geología del
terreno, no habían sido estudiados, por lo que los recursos
financieros en principio considerados fueron insuficientes. Sólo en
1855 se pudo inaugurar el tren Valparaíso-Viña (apenas siete
kilómetros de longitud), mientras segmentos aislados eran construidos
cerca de Quillota. Para 1857 el colapso fue total. Sólo se había
construido 20% de la vía, los inversionistas se deprimieron y se
rehusaron a poner más fondos propios. Para colmo los técnicos
norteamericanos a cargo del proyecto se habían ido (o habían muerto);
es decir, falló el resorte máquina. Por su parte, la prensa de la
época empezó a molestar al Gobierno debido a la ineficiencia en el
desarrollo de este ambicioso proyecto, que todos veían como de
importancia estratégica para el futuro del país.

El descalabro era total y las causas similares a las que hoy aquejan
al Transantiago: mala planificación, pésima ejecución, falta de
capital y un espíritu derrotista de proporciones cosmológicas. Ante
este panorama, el ministro del Interior, Antonio Varas, realizó
gestiones para revertir la situación: recompró las acciones a los
inversionistas privados, por lo que el Estado pasó a ser dueño de todo
el proyecto, en lenguaje del Chile de 2007, nacionalizó el sistema. La
gestión más importante fue entregar a un dinámico
aventurero-estafador-filántropo-emprendedor estadounidense, Henry
Meiggs, el término de la obra. El acuerdo con Meiggs fue sobre la base
de desempeño. El Estado le traspasó dos millones de pesos para operar
y Meiggs se comprometió a terminar la tarea en un período de tres
años. Por cada mes de retraso, él pagaría una multa al Estado y por
cada mes de adelanto, recibiría un suculento bono.

Con este arreglo, en 1861, Meiggs se puso manos a la obra con
entusiasmo yanqui. En vez de dirigir la operación desde cómodas
oficinas en Santiago o en Valparaíso, se instaló, junto con los
ingenieros, en el lugar mismo de las faenas. Prohibió el castigo
corporal a los peones y acuñó la frase "al roto chileno; justicia,
porotos y paga". Con esta lógica y sus dotes de liderazgo, hizo lo
imposible: completó el tren en 1863, sólo dos años después de firmado
el convenio inicial con Varas. Fue gracias a este adelanto temporal
que Meiggs pudo obtener pingues ganancias, habiendo arriesgado una
multa gigantesca si los trabajos hubiesen demorado más de lo previsto.
Meiggs fue capaz de realizar en dos años lo que los genios locales no
hicieron en casi ocho. El costo final del tren fue de once millones de
pesos oro, contra los cuatro originalmente presupuestados.

Los paralelismos entre la construcción del Santiago-Valparaíso y la
implementación del Transantiago son notables, desde el voluntarismo
basal, la mala planificación inicial, la pésima implementación, el
salvataje financiero proveniente del fisco, y el sobre costo del
sistema. Desgraciadamente, en las soluciones no existe paralelismo.
Antonio Varas era un político genial y la suerte estaba de su lado.
Por azares del destino, Meiggs había llegado a Chile en 1853: un
personaje mezcla compleja de aventurero, ingeniero y hombre de acción.
En Perú, sus acciones fueron legendarias aunque definitivamente más
allá de lo ético. Meiggs logró, usando el lenguaje del siglo XXI,
implementar una versión decente del plan de Trans-Santiago-Valparaíso.

Claro que para enfrentar el gran desafío tuvo que innovar en varios
frentes. Tal vez su innovación más importante fue vivir con sus
peones, es decir con el roto chileno. Se dice que la fiesta del 1 de
enero de 1863, organizada y pagada por Meiggs, fue apoteósica, duró
tres días, porque el 31 de diciembre (el mismo día que queremos dar
feriado este año) todos trabajaron hasta caer exhaustos para abrir el
túnel de El Tabón. Además trató a sus peones con dignidad. No por nada
Meiggs, en el discurso de inauguración del tren pudo decir: "Yo he
tratado a mis trabajadores como hombres, no como perros, como se
acostumbra, porque son gente buena".

Sospecho que es en este punto, esencial, donde más divergen los
paralelismos. En la actualidad los problemas del Transantiago se
transan en oficinas llenas de abogados y generadores de imágenes,
donde sólo se habla de contratos, dineros prometidos y costos
políticos. Parece que ni los usuarios ni los trabajadores del sistema
son escuchados en esta discusión. Me pregunto entonces si los que
deciden los destinos del Transantiago, y por extensión los destinos
del Gobierno y de esta coalición política, del ministro hacia abajo,
pasando por los "grandes" capitanes de la industria del software y de
las finanzas, ¿se habrán tomado la molestia de esperar modestamente en
el paradero y subirse anónimamente a una micro, en los últimos meses?



Monday, November 12, 2007

El debate politico sobre seleccion y lucro



El debate político sobre selección y lucro
Gregory Elacqua
Universidad Adolfo Ibanez
Princeton University
La Tercera, noviembre 12, 2007

Las propuestas para reformar nuestro sistema
escolar de los dos bloques políticos se
contradicen de una manera que hacen difícil
avanzar el debate legislativo.  Por una parte, la
Concertación busca eliminar la selección de
alumnos por parte de los colegios para dar a los
apoderados, particularmente los de nivel social
bajo, la oportunidad de elegir el mejor colegio
subvencionado (municipal o particular) para sus
hijos.  Al mismo tiempo, propone dejar de
subsidiar a los colegios con fines de lucro - el
sector que representa casi dos tercios de los
colegios particulares subvencionados - lo cual
restringe las opciones al momento de elegir. En
suma, la propuesta de la Concertación pretende
dar mas libertad a los apoderados para elegir en
un conjunto de opciones mas reducidas.

Por otra parte, la Alianza propone mantener el
statu quo: seguir subvencionando a los colegios
con fines de lucro y manteniendo la selección de
alumnos.  Dicho de otra manera, la derecha busca
mantener la diversidad de oferta de colegios para
elegir sin dar libertad a las familias de escoger
el colegio de acuerdo a sus valores.  Los
apoderados tienen que ser elegidos por los colegios.

Hasta ahora el debate sobre la selección y el
lucro en la educación ha sido ideológico y se ha
referido muy poco a la evidencia.  Los datos
sobre la selección comprueban que los colegios
particulares seleccionan a los alumnos de mayor
nivel social y relegan a los alumnos más pobres a
las escuelas municipales.    Según las cifras del
Ministerio de Educación, un 30% de la matrícula
nacional es clasificada como vulnerable, es
decir, corresponde a alumnos de escasos
recursos.  Casi un 75% de los alumnos vulnerables
asisten a escuelas municipales, mientras que sólo
un 25% lo hace a colegios particulares
subvencionados – la mayoría de ellos concentrados
en unos pocos establecimientos.  Eliminar la
selección es una buena manera de expandir el
acceso a los colegios particulares de las
familias modestas que ahora no tienen más
alternativa que ingresar al sector municipal.

            Los estudios que han examinado el
rendimiento académico de los colegios con fines
de lucro no ofrecen ninguna evidencia que los
colegios con fines de lucro son de peor calidad
que los sin fines de lucro y los
municipales.  Por ejemplo, un estudio reciente de
mi autoría muestra que los tres sectores son más
bien heterogéneos en su calidad.  Los alumnos que
asisten a los colegios católicos y a los colegios
con fines de lucro que pertenecen a una red
tienen mucho mejor rendimiento que sus pares que
asisten a las escuelas municipales y otros tipos
de colegios particulares.  Los estudiantes que
asisten a los colegios con fines de lucro
independientes (que no pertenecen a una red)
tienen resultados en la prueba SIMCE similares a
los que asisten a escuelas municipales.  Y los
alumnos que asisten a los colegios protestantes
tienen peor rendimiento que los demás
colegios.  Si se elimina a los colegios con fines
de lucro, no solamente se va a terminar con la
diversidad de oferta que existe – los padres solo
van a poder elegir básicamente entre escuelas
publicas y religiosas –  sino además se
terminaría con muchos colegios de muy buena calidad.

Se espera que los políticos tomen en cuenta la
evidencia para poder lograr un consenso que
promueva la libertad para elegir entre una
diversidad de colegios públicos y privados con y
sin fines de lucro.  De esta forma, se podrá
avanzar y enfocar en los otros temas cruciales
para mejorar la calidad y equidad del sistema educacional chileno.

Wednesday, November 7, 2007

Hugo Chavez, los peligros de la plutocracia


http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazine/04oil-t.html
New York Times Magazine
November 4, 2007
The Perils of Petrocracy
By TINA ROSENBERG

I.

Who holds the world's oil? You might assume it's
in the hands of big private oil companies like
ExxonMobil. But in fact, 77 percent of the
world's oil reserves are held by national oil
companies with no private equity, and there are
13 state-owned oil companies with more reserves
than ExxonMobil, the largest multinational oil
company. The popular perception in the United
States is that if leaders of oil countries
nationalize their oil, they are bucking a global
trend toward privatization. In reality,
nationalized oil is the trend. And the percentage
of oil controlled by state-owned companies is
likely to continue rising, mainly because of the
demographics of oil. Deposits are being exhausted
in wealthy countries — the ones that exploited
their oil first and generally have the most
private oil — and are being found largely in
developing countries, where oil tends to belong to the state.

Nationalization is also a political trend in some
regions, mainly Latin America, where the populist
presidents of Bolivia and Ecuador have made it
part of their discourse. They are led, of course,
by Hugo Chávez of Venezuela. He has made private
producers accept state control of their
operations. When they wouldn't, as in the case of
ExxonMobil and ConocoPhillips, he simply
nationalized their holdings. Chávez has also
asserted his control over Venezuela's state oil
company, which before him operated very much like
a private, profit-driven enterprise.

Chávez is a prophet in search of disciples. He
seeks to present Venezuela as a more moral world
power, uniting Latin America and poor countries
everywhere in a socialist alliance. He has
invented a new kind of socialism, which he calls
Bolivarian socialism, named for the independence
hero Simón Bolívar: a little Marx, a little
Jesus, a little anti-imperialism and a lot of the
whim of Hugo Chávez, dedicated to the
"comprehensive, humanist, endogenous and
socialist development of the nation." His is a
gospel greased by oil, which is financing his
transformation of Venezuela. Chávez is a genius
of a politician: charming, folksy, flirtatious. I
first met him in New York in 1999, the year he
became president. I sat next to him at an
interview, very pregnant. He embraced me — "But
you should come have the baby in Venezuela!" he enthused.

The appeal of his message transcends the charisma
of the messenger. To other countries — especially
the oil and gas nations in Latin America that
watch Chávez with particular interest — the
appeal is simple to understand. Oil- and
gas-dependent countries are historically ill
governed. Today their people are in rebellion
against globalization, which promised much but
has brought them little. They have been told
their countries are rich, but they see they are
poor. So someone must be stealing the profits.

Most often, nationalization is a reaction to the
idea that the thief is a foreign company. For
populist leftists, El Petroleo es Nuestro! — the
oil is ours — is an alluring slogan. Now as the
record high price of oil has made exploitation
worthwhile even in places that are remote or
geologically complicated (Chad comes to mind),
more underdeveloped countries have to choose what
to do with their oil. Those that have long held
oil must decide how to spend the incomprehensible
amounts of money oil is now bringing them.

Historically, almost every country dependent on
the export of oil has answered this question in
the same way: badly. It may seem paradoxical, but
finding a hole in the ground that spouts money
can be one of the worst things to happen to a
nation. With one or two exceptions, oil-dependent
countries are poorer, more conflict-ridden and
despotic. OPEC's own studies show the perils of
relying on oil. Between 1965 and 1998, the
economies of OPEC members contracted by 1.3
percent a year. Oil-dependent nations do
especially badly by their poor: infant survival,
nutrition, life expectancy, literacy, schooling —
all are worse in oil-producing countries. The
history of oil-dependent countries has produced
what Terry Lynn Karl, a Stanford University
professor, calls the paradox of plenty.

Oil not only creates very few jobs, it also
destroys jobs in other sectors. By pushing up a
country's exchange rate, the export of oil
distorts the economy. "Oil rents drive out any
other productive activity," Karl says. "Why would
you bother to produce your own food if you could
buy it? Why would you bother to develop any kind
of export industry if oil makes your money worth
more and that hurts all your other exports?" The
most successful societies develop a middle class
through manufacturing; oil makes this extremely difficult.

Oil concentrates a country's wealth in the state,
creating a culture where money is made by
soliciting politicians and bureaucrats rather
than by making things and selling them. Oil
states also ask their citizens for little in
taxes, and where citizens pay little in taxes,
they demand little in accountability. Those in
power distribute oil money to stay in power. Thus
oil states tend to be highly corrupt.

II.

Venezuela is a typical victim of the oil curse.
It has become a rich country of poor people.
Teodoro Petkoff has seen Venezuela through booms
and busts. Once a daring leftist guerrilla who in
2006 was briefly a candidate against Chávez, he
publishes a newspaper, Tal Cual, that criticizes
both Chávez and the opposition. "The state is
booty," Petkoff said when I met him in his small
office in Caracas. "The state is hypertrophic
here, a monster complex on top of society, heavy
and corrupt. It has been the great contractor,
the great buyer, the great provider, the great
receiver. To win government is to get access to a
source of personal enrichment. Money has to pass
through the state. Oil has weakened our
collective morality. It obliges you to be
corrupt. You can't do business if you are not
corrupt. We are waiting for the easy deal, big winnings."

Chávez has promised to break this curse, to
finally use Venezuela's oil to benefit its
people. Oil is everything in Venezuela; it pays
for at least half the government's expenditures
and 90 percent of its foreign exchange, according
Orlando Ochoa, a prominent economist. Now "zero
misery" is one of the government's slogans, and
the vehicle to get there is oil. Chávez's oil
company, Petróleos de Venezuela S.A., or Pdvsa
(pronounced peh-deh-VEH-sah — S.A. stands for
"sociedad anónima," or incorporated), is proudly
inefficient, proudly political. Chávez has called
his revolution "oil socialism."

"We are doing what the old regimes didn't do,"
Bernardo Álvarez, Venezuela's ambassador to
Washington and a former vice minister of
hydrocarbons in the Ministry of Energy, said to
me. "We are putting oil into a sustained process
of development. Our first priority is a fight against poverty and exclusion."

To that end, Pdvsa is investing the company's
profits in helping dropouts finish high school
and not just in drilling wells. "Perhaps it was
better run before Chávez," says Roger Tissot, a
Latin America analyst based in British Columbia
who works for PFC Energy. "But it wasn't
efficient in meeting the needs of the
shareholders — the people of Venezuela. Today
perhaps it is less efficient but better at meeting social goals."

Whether this is the right decision turns on
whether this policy is sustainable. In the 1990s,
Venezuela's state oil company was a sleek
machine, an excellent exploiter of oil, well fed
on its own profits. It floated above society,
unmoored from the problems of the average
citizen. Today, oil money feeds and educates poor
neighborhoods. The purpose of the national oil
company is not to produce more oil, but to
produce Bolivarian socialism. These are two very
different ways to handle a nation's oil resource.
Can either model show poor countries how to
convert natural resources into sustained wealth?
Few questions in economic policy are more important today.

III.

Many nationalized oil companies are poorly
managed — on average, national companies are 65
percent as efficient as private ones, according
to one study. Still, it is possible to have a
stellar national oil company, efficient in the
classic sense, one that can compete favorably
with any Western major. Saudi Aramco and
Petrobras, in Brazil, are two examples. But
perhaps the best-run national oil company that
ever existed was in Venezuela. It was Pdvsa.

"On Dec. 31, 1975, I went to sleep as an Exxon
employee, and I woke up on Jan. 1, 1976, as an
employee of Pdvsa," Antonio Szabo told me. Szabo
now runs a software company in Houston, but until
1983, he was a high-level executive at Pdvsa. "I
went to the same office, same everything. It was
a brilliantly executed nationalization process.
What became different the next morning? Except
for the destination of the revenues, nothing.
Literally nothing. That was the whole point — to
continue to produce money for the country without disruption."

President Carlos Andrés Pérez nationalized
Venezuela's oil because in the early 1970s there
was an oil boom, with a barrel reaching $12 in
1974 (about $50 in today's dollars), having
quadrupled from the $3 a barrel fetched in 1973.
Venezuelans demanded that the profits stay at
home. The expropriation of Exxon, Shell and Gulf
was negotiated and seamless, the lack of acrimony
stemming from the fact that the foreign
companies' concessions had been designed from the
start to be temporary, and were to expire in
1983. "I believe that everybody realized Pdvsa
was the goose that laid the golden egg," Szabo
says. "To keep it healthy you must leave it
alone. Every president believed this was sound policy — until Chávez."

Paradoxically, nationalization brought the
government less money and less control. When
Venezuela's oil was still in private hands, the
government collected 80 cents of every dollar of
oil exported. With nationalization the figure
dropped, and by the early 1990s, the government
was collecting roughly half that amount. This low
return to the country's coffers was partly a
result of that age-old conflict between short-
and long-term reward. Because wells run dry and
machinery ages, oil companies everywhere must
invest lots of money just to keep production
steady, and to grow, they need even more. Without
new investment, Pdvsa would lose 25 percent of
its oil production every year. Its officials were
convinced that Venezuela benefited more if
Pdvsa's profits went to producing more oil, not
more government. "Social revenue has always
overshadowed investing in the industry," said
Ramón Espinasa, who was chief economist of Pdvsa
from 1992 to 1999. "But I think the priority has
to be to maintain oil. If you have one dollar
left, it should be invested in keeping capacity.
Otherwise next time around you will not have a single dollar to distribute."

Espinasa, now 55, lives in Washington and works
as an energy consultant to the Inter-American
Development Bank. As chief economist for Pdvsa,
he was a persuasive voice for the strategy of
"oil first." During the early '90s, the company
had an extraordinary need for investment. The
bulk of Venezuela's oil lies under a
4,500-square-mile savanna called the Orinoco
Belt. The reserves are enormous, but 20 years ago
it was not clear that they would be commercially
viable. The oil was heavy and extra-heavy crude,
thick as Play-Doh. It required expensive
technology and expertise to extract, and even
then only a small percentage of the oil could be
recovered. This crude also needed a special
refining process and would most likely sell at a discount.

To ensure there would be a market for Orinoco
crude, in 1982 Pdvsa began to buy refineries
overseas able to process it. Among its purchases
was Citgo, the American refining and distribution
network. By the end of the 1990s, Pdvsa was among
the top three oil refiners in the U.S. "With
heavy oil, if you don't own a refinery, your
production does not have a home," Szabo says. "If
you own a refinery, you have market share." And
Pdvsa in the 1990s was focused on maximizing its
market share in the United States.

Pdvsa executives also decided they didn't want to
take on the debt and risk of developing the
Orinoco, so in 1989 they began to open it to
private participation. Pdvsa lowered the normal
royalty rate of 16 percent to a mere 1 percent to
attract investment to this capital-intensive
project. The royalty was meant to jump to 16
percent once the private company had recouped a
certain percentage of its investment.

In hindsight, these were brilliant business
decisions. Pdvsa's refineries overseas are making
record profits, and the United States is the
company's biggest customer. But back then, the
gathering of adequate revenue for the Venezuelan
state did not figure highly among the company's
priorities. The Orinoco contract, for example,
was so generous that in 2004, with oil at $46 a
barrel, the private oil companies were still
paying royalties of 1 percent. (That year Chávez
raised royalties to 16 percent by decree.)

In fact, some of Pdvsa's shrewd business
decisions seem to have been made with an eye to
shielding its gains from the government. Pdvsa
bought its first shares in an overseas oil
refinery after the government seized its
multibillion-dollar investment fund to help solve
a financial crisis. Economists on the left who
are critical of the old Pdvsa argue that the
foreign holdings allowed the company to play with
costs and profits. It could sell oil to its
refineries at less than market price — thus incurring lower taxes.

Pdvsa attracted the cream of Venezuela's
professional class. Espinasa, who was educated at
Cambridge, had an office full of young (and very
well paid) Ivy League- and Oxbridge-educated
Venezuelans. Pdvsa's resources and talent
outshone that of the Energy Ministry, which was
supposed to be overseeing it. "In the 1990s most
oil policy and macroeconomic policy for Venezuela
was done inside Pdvsa," one Venezuelan economist
told me. "When the I.M.F. came to Venezuela, the
meetings were done in the office of Espinasa. The
figures they used came from Pdvsa and the Central
Bank rather than the Finance Ministry."

Ambassador Álvarez was one of those trying to
keep control over Pdvsa, first as head of the
energy and mines committee in Congress, and later
as vice minister of energy for hydrocarbons. "At
the ministry," Álvarez says, "we had gone from
200 engineers to 25. Pdvsa was the only one that
had cars, people. One energy minister used to call it 'the Empire.' "

Pdvsa won virtually every argument. But many
people, not just Chavistas, would argue that
Venezuela lost. By 1998, real wages in Venezuela
were less than 40 percent what they had been in
1980. A third of the country was living in
extreme poverty — up from 11 percent in 1984. "It
was normal for people working for Pdvsa to be
very proud — it was recognized as one of the best
oil companies," says Tissot, the oil analyst. "In
contrast, the politicians were making a mess
managing the rest of the country. Pdvsa was
working, but Venezuela was not working."

I asked Espinasa to respond to the charge that
his Pdvsa didn't do much for the average Venezuelan.

"It shouldn't have," he replied. "It was an oil company."

IV.

Ten years later, Pdvsa is no longer an oil
company, at least by Espinasa's standards. It now
exists to finance Chávez's transformation of
Venezuela. The integration is illustrated by the
fact that Rafael Ramírez, the minister of energy
and petroleum, is also president of Pdvsa. "The
Pdvsa that neglected the people and indifferently
watched the misery and poverty in the communities
surrounding the company premises is over,"
Ramírez has said. "Now the oil industry takes
concrete actions to deepen the revolutionary
distributions of the revenues among the people."
If the Pdvsa of the 1990s thought it was Exxon,
today's Pdvsa amounts to the president's $35 billion petty-cash drawer.

Chávez travels a lot. Foreign presidents who
receive him may enjoy receiving his customary
gift — a replica of the sword of Bolívar. But
they probably appreciate even more the oil that
sometimes comes with it. Chávez provides
discounted or free oil to Central American and
Caribbean countries, sending nearly 100,000
barrels a day to Cuba in exchange for doctors and
Cuban expertise on state security. He has given
millions in non-oil aid to various Latin American
countries, much of it in the form of energy
projects. Citgo says it gave $80 million in
heating oil to poor residents of the South Bronx last winter.

Pdvsa is also subsidizing Venezuela's domestic
oil consumption. Cheap oil for Venezuelans is
nothing new; when President Pérez tried to raise
gasoline prices in 1989, the riots nearly toppled
him. The Venezuelans feel it is their oil; why
should they have to pay for it? But the subsidies
are much deeper and the quantities greater today.
A gallon of gasoline costs 6.3 cents at the pump
at the unofficial exchange rate. And Venezuela is
now gorging on gas. Venezuela will add 450,000
new cars this year — about four times the number
of four years ago. Six Hummer dealerships are set to open early next year.

Oil is now used to create electricity. Some of
Venezuela's electric plants used to burn natural
gas, but gas production has dropped, creating
shortages that oil is filling. Domestic
consumption of oil has reached at least 650,000
barrels a day, according to Venezuelan
economists. Venezuela is importing oil products
and may soon have to import gasoline. There is
also the problem of contraband: subsidized
gasoline smuggled out and sold at world-market
prices in Colombia and the Caribbean. Between its
domestic consumption and its use of oil to make
friends overseas, Venezuela gives away or
subsidizes a third of its production. Most of the
rest is sold in the United States.

The money that Pdvsa does get from selling at
market prices goes to finance Chávez's revolution
at home. Last year, Pdvsa's payments to the state
totaled more than $35 billion, counting taxes,
royalties and direct support for social programs.
This is 35 percent of the company's gross earnings.

Almost $14 billion is spent at the sole
discretion of Chávez. It is called
social-development money, although it appears
that there is little "social" in some of its
spending. Much of the money goes to the Fund for
National Development, or Fonden, an off-budget
fund controlled by Chávez, which also takes
foreign reserves from the Central Bank. Fonden's
Web site in July listed 130 projects —
infrastructure, foreign aid, some social projects
like health clinics — as well as the purchase of
helicopters, submarine technology, assault rifles
and plants to build other munitions. The list was
taken off the Web site shortly after it drew
notice in the press and was replaced by a list
containing no arms purchases. What Fonden
actually buys, for how much, from whom and through what process is a mystery.

The more celebrated of Pdvsa's projects is a
network of social programs, called misiones.
These missions bring health clinics and
classrooms directly into poor neighborhoods. They
are financed and in some cases run directly by
Pdvsa. "If Pérez wanted money from his oil boom,
he had to wait for Pdvsa to pay taxes, and he had
to go to Congress and approve extraordinary
spending," one Venezuelan economist told me.
"Today, the president gets on the phone with
Ramírez and in an hour can get $200 million."

To finance all these ambitious projects, Pdvsa
must produce oil. Theoretically this should not
be a problem. When Chávez was elected, Venezuelan
crude went for about $9 a barrel (about $11
today). At press time it was about $78.
(Venezuela crude trades at slightly under the
average OPEC crude price.) Chávez is the
beneficiary of the greatest oil windfall the
world has seen, one based in part on political
upheaval in Iran, Iraq and Nigeria but also on a
surge in demand from China and India that is
unlikely to end soon. So, for the foreseeable
future, there should be money for everything.

Yet Pdvsa is in trouble.

V.

One good way to see Pdvsa's many challenges up
close is to look at the mystery of the missing
drilling rigs. A rig has two jobs: to drill down
in auspicious spots to look for oil, and to clear
out working wells when they clog, like a giant
Roto-Rooter. Because oil is so profitable and
people are drilling madly, there is a global
shortage of rigs, and the price of renting them
has gone up. But Venezuela's shortage is worse
than elsewhere. In testimony before the National
Assembly in July, Luis Vierma, Pdvsa's vice
president for production, called the rig shortage
"a significant operational emergency." The
country needs 191 this year to meet its
production goals, Vierma said. But according to
Baker Hughes, the Houston firm that provides the
world's standard count of rigs, there are only 73 active rigs in Venezuela.

Rig procurement is going badly. Vierma testified
that Pdvsa recently invited 63 companies to bid
to supply rigs, but only 22 bid. Twelve received
contracts, to supply 27 rigs, but only five
companies actually took rigs to Venezuela. Vierma
called this "a silent sabotage by multinational companies."

Others might call it the market at work. Rigs are
in high demand; rigs cost at least $15 million,
and an offshore rig can cost more than $95
million. Why go to Venezuela? "The big
contractors want to take their rigs somewhere
with less risk and threat of confiscation," one
executive of a big drilling contractor in
Venezuela told me. "The way this government
talks, it sends investors running."

I went to Lake Maracaibo to see the problem for
myself. Maracaibo is South America's largest
lake, a huge basin of duckweed and sewage, where
significant oil drilling first began in the
1920s. I expected to see very few rigs. But what I found was more complicated.

Driving down the lake's eastern shore one hot,
rainy morning, I passed Pdvsa's Maracaibo
complex. Huge oil storage tanks stood near the
road. The entrance to the complex was marked by a
sign with one of the revolution's slogans:
"Fatherland, Socialism or Death!" The lake was
strung with electrical lines and dotted in
checkerboard fashion with wells, electrical
towers and the graceful, 170-foot-high towers of
drill rigs. In 1997, there were 57 rigs working
on the lake. On the day I visited, there were 29.
I saw more rigs, including seven in Pdvsa's
yards, along the lake shore, docked along the
bank. I asked one drilling contractor what they
were doing there. "Why aren't they out on the
lake working if there's such a shortage?"

"Ahh," he said, and smiled. Like others I spoke
with, he didn't want to be identified. "I
estimate that there are about 22 rigs sitting
idle around the lake, but not all of them are
operable, due to lack of maintenance, or because
they require additional equipment," he told me.
He said there were more idle rigs in Pdvsa docks across the lake.

In June, Pdvsa took back operating and
maintenance contracts for its working rigs from
the contractors who held them. Ramírez, the oil
minister, said that contractors were "cannibals"
who were robbing the country, and that Pdvsa
could do the work for a third of the price. But
it's not clear that Pdvsa can do the work at all.

I counted at least 10 rigs belonging to Pdvsa
that were not even being worked on — the
company's management is so poor, contractors
said, that it cannot coordinate getting rigs
repaired. Pdvsa is responsible for servicing all
rigs working on the lake. "You need a boat to
come out to give you water, diesel, empty the
cuttings, take away waste," one contractor said.
"But I've waited a week for them just to take
trash off the rigs." There may be other reasons
there are few working rigs. Vierma himself was
briefly being investigated by the National
Assembly — notable, given that it contains no
opposition members — for overseeing the purchase
of rigs from companies that supposedly had no
rigs, no experience and little capital.

VI.

Pdvsa's administrative troubles can be traced
back to one of the biggest threats to Chávez's
presidency. In December 2002, Pdvsa's managers,
fed up with Chávez's attempts to control them,
locked out the workers and shut down Venezuela's
oil production for two months. The goal was
either to take back control of Pdvsa or to topple
Chávez. The economy collapsed, but ultimately
Chávez triumphed over the "oil sabotage," as his
government called it, cementing his hold on power.

In the aftermath of the strike, Chávez fired
18,000 of Pdvsa's 46,000 workers — the vast
majority of them were managers and professionals,
many of whom have since gone to work in Calgary,
Houston or Riyadh. Pdvsa has since replaced the
strikers, though the new hires are largely
inexperienced. In fact, Pdvsa now employs 75,000
workers, many more than in the past, and Chávez
says he wants to increase the number to 102,000
next year. Part of Chávez's new "oil socialism"
is to make Pdvsa more self-sufficient, reducing
dependence on outside service companies. So Pdvsa
is creating new subsidiaries. One is a new
oil-services unit — "our own Halliburton, ours,
the 'Bolivarian' one," Ramírez, the energy
minister, told state TV. Pdvsa has also announced
plans to build oil ships and drill rigs. In June,
Pdvsa approved the creation of seven new
subsidiaries, including ones to grow soybeans for
ethanol, to build food-processing plants and even
to make shoes. Pdvsa is running a parallel state.

The company's workers must all have at least one
qualification: they must be Chavistas. Ramírez
told oil workers, in a speech that was taped
clandestinely and passed to a TV station, that
they should back the president or give their jobs
to a Bolivarian. The company is "red, red from
top to bottom," he said. Pdvsa also wrote a
letter to its contractors, warning them not to
hire any of the 18,000 fired workers.

As Pdvsa has been molded to Chávez's will, it has
also become less and less transparent in its
dealings. The company used to publish a standard
annual report, but after 2004 it stopped filing
its annual reports to the U.S. Securities and
Exchange Commission. In recent years it has
released only a page or two of basic figures,
with no breakdowns or auditors' notes. When Pdvsa
does release information, some of it is of
questionable credibility. Even the most
fundamental operational fact — how much oil
Venezuela produces — is subject to debate. In
1997, Venezuela produced 3.3 million barrels per
day of crude oil. Today, Pdvsa claims the country
produces the same amount, but independent
sources, including OPEC, say that figure is too
high; OPEC puts Venezuela's production at 2.4 million barrels a day last year.

What is clear is that much of the oil revenue is
going to social spending. Last year, Pdvsa says
it spent nearly $14 billion on social programs.
That includes the missions and Fonden, but does
not include taxes and royalties of $21 billion
paid to the government. Pdvsa says it put $5.8
billion back into the company last year. While
this is a $2 billion hike from 2005, it most
likely includes items that no one would call
investment in oil; a secret addendum to the 2007
budget described "investment" as including money
for national infrastructure and social projects.
Pdvsa's own business plan calls for rapid growth
in production, but oil analysts say the company
is clearly not investing enough. According to
Pavel Molchanov, who studies oil in Houston at
Raymond James, a financial services company,
Pdvsa has had two years of production decline and
is likely to have at least two more. "This is
against a background of global oil production
increasing 1 to 2 percent a year," he says. "If
they were spending enough would their production
be down? I don't think so." (I would have liked
to have asked Ramírez about this and many other
matters. His office promised me an interview with
him, but it never materialized, and Pdvsa
officials said no one else could even give me
background information unless Ramírez authorized it personally.)

Pdvsa is also taking on debt. The company had
very little debt until 2006, but this year it has
borrowed $12.5 billion. While raising cash
through debt offerings can be fiscally sound, and
many companies do so, critics contend that Pdvsa
is issuing bonds for the wrong reasons. "Their
debts are low, but they didn't have any before,"
says José Guerra, formerly chief of the research
department of the Central Bank, who left in
disagreement about Chávez's economic policies.
"Other oil countries are getting rid of debt. And
what is the debt going for? Their spending on
exploration is almost nothing. They are taking on debt to have a party."

Some of the private companies that the old Pdvsa
had brought in are still working in Venezuela,
but they are now only minority partners and are
paying higher taxes and royalties. On May 1,
foreign companies working in the Orinoco were
told to cede majority control of their projects
to Pdvsa. Two companies, ExxonMobil and
ConocoPhillips, left and are now negotiating with
Venezuela about compensation. Other companies,
seemingly chosen for their geopolitical value,
have come into the Orinoco to take their place
and develop virgin areas: national oil companies
from big producers like Russia, China, Brazil and
Iran, but also Cuba, Chile, Uruguay, Argentina
and Belarus, which presumably can bring little
expertise to the business of heavy oil.

VII.

Pdvsa is now dedicated to creating a new oil
product: it is turning petroleum directly into
math problems. I watched this alchemy one night
in the living room of Félix Caraballo. Caraballo,
who is 32, lives in the El Encanto section of La
Vega, a slum on the side of one of the steep
mountains around Caracas. Caraballo has been
working in La Vega on community projects since he
was 14, when police officers killed a friend of
his during the 1989 protests over the
government's attempt to reduce gasoline
subsidies. He is a committed Chavista and a
committed socialist. "Money should serve people
and not the other way around," he told me.

The night I visited, the couches in his living
room were pushed to one side to make a classroom.
Yulimar Medina, a 25-year-old college student,
stood at a whiteboard with a marker and walked
the students through an equation. There were 11
adults, some with young children, in the room,
studying the addition and multiplication of
fractions. The students — known in the program as
vencedores, or triumphers — all had workbooks,
and they had already watched a 45-minute video of a math lesson.

This was an eighth-grade class of Misión Ribas, a
program that brings grades 6 through 12 to
barrios around the country. This class meets from
6 p.m. to 9 p.m. every weeknight in Caraballo's
house. The videos come from Cuba, and
facilitators like Medina lead the class in
discussion and exercises afterward. The
vencedores study math, Spanish, history,
geography, science and English, and must work
together to do a community project, like building
a staircase or planting a vegetable garden —
that's the part Caraballo guides. Not only is
school free but most of the students also receive
stipends of $85 a month to attend. The students
themselves choose who gets the stipends, based on need and dedication.

Ribas is one of an ever-growing list of Chávez's
missions. One teaches people to read. Another has
imported thousands of Cuban doctors and
dispatched them to poor neighborhoods around the
country. Another set up stores in barrios that
carry basic foodstuffs and medicines at highly
subsidized prices. Another provides identity
cards to undocumented citizens. While I was in
Venezuela in September, Chávez announced another
mission, to expand universities. The vast
majority of the financing comes straight from Pdvsa.

The missions are popular and have benefited more
than half of Venezuela's poorest sector.
Venezuela's millions of poor take them as a sign
of Chávez's commitment to them and to the
government's slogan of "zero misery." When I
visited another Ribas class in an even more
remote corner of La Vega, I asked the students
what they valued most about the mission. "It
comes to our barrio," one student said. "It
doesn't exclude anyone," another said.

Spending oil money on schooling and doctors for
the poor seems, intuitively, like the right thing
to do. "This is an investment in human capital,"
argues Mark Weisbrot, co-director of the Center
for Economic and Policy Research, a left-leaning
Washington policy group. "You've had a focus on
food and health care and education. It doesn't
cost that much, and it's reaching a lot of people."

The Venezuelan who finishes high school with
Misión Ribas may not have the same education she
would get in a formal school. But without Ribas,
she would have no high-school education at all.
Chávez cares about reaching zero misery,
something that can be said of few governments
with oil. But no one really knows if the missions
are actually moving Venezuela toward zero misery;
the programs have no visible internal evaluation.
Increasingly, the missions are replacing their
formal counterparts. It is wonderful for poor
neighborhoods to have health clinics staffed with
Cuban doctors — wonderful, unless you happen to
need the services of one of Venezuela's hospitals, which are falling apart.

Political and ideological training, Ribas
officials told me, is the top qualification for a
facilitator. I attended a session for new Ribas
students in Las Torres, a La Vega barrio near the
top of the mountain. After Ribas officials told
students how to register for classes and what
would be expected of them, María Teresa Curvelo,
the district coordinator, began a 90-minute talk
about a referendum of great importance to the
government. The referendum, to be held on Dec. 2,
proposes changing the constitution to remove
Chávez's term limits and increase his power among
other things. She urged students to attend
marches and street demonstrations supporting
Chávez. "Chávez is someone who comes along every
100 years," she told them. Afterward we rode down
the mountain in a truck. When she got out, I
thanked her. "Fatherland, Socialism or Death!" she replied.

VIII.

Venezuela's poor have become much less so under
Chávez. The population living in extreme poverty,
measured by cash income, dropped from 20.3
percent in the last half of 1998 to 11.1 percent
in the last half of 2006, according to official
statistics. But an oil boom might be expected to
alleviate poverty. The real question is whether
the gains will be sustainable. Weisbrot says he
thinks they will. He points to the missions and
figures there are gains in health and education
that cash income doesn't measure. But so far
there is no sign of them: the percentage of those
living without running water and living in
inadequate housing, as well as the number of
young children not attending school, has scarcely
budged in the last 10 years. The percentage of
babies born with low birth weights actually rose
from 1999 to 2006. And this is according to
government statistics. It is early, but these
numbers may mean that the missions are mainly helping through the stipends.

Whatever success the missions have at helping the
poor may be dwarfed by the grotesque distortions
in the economy as a whole. Inflation is
officially at 16 percent but is most likely
higher, according to Orlando Ochoa, the
economist, who is usually critical of Chávez. He
says that in the basket of goods and services
used to measure inflation, just under half the
items are sold at government-controlled prices.
Many goods simply can't be bought at those
prices, and consumers must pay double the price
in a street market. Or the goods can't be found
at all, their producers forced out of business by
price controls. Beans and sugar were hard to find
cheaply when I visited Caracas in September;
fresh milk and eggs hard to find at all.
Recently, people had to line up for five hours to
get a liter of milk. One proposal in Chávez's
constitutional referendum could increase
inflation much further by abolishing the autonomy
of the Central Bank and giving the president
power over Venezuela's international reserves.
The proposal would also essentially allow Chávez to print money.

The major threat to the economy comes from the
exchange rate. Oil caused the bolívar to be
overvalued. Farms and factories are in trouble.
They can't export and must compete at home with
products imported at the official exchange rate,
which is now about a third of the market rate.
And so the country is awash in artificially cheap
imported products, from basic foodstuffs, like
Brazilian cooking oil, to fancy cars. "Our
productive capacity is too weak to create jobs,"
Petkoff says. "But we consume like a rich country."

The disparity between the official exchange rate
(2,150 bolívars to the dollar) and the
black-market rate (6,200 bolívars at press time)
has created a new class known as the
Boliburgesía. Bankers, traders, anyone who works
in finance or commerce, can get very rich
manipulating the exchange rates. Buy all the
imported whiskey and Hummers you want, is the
message. Live a life of wild excess. Just don't try to produce anything.

Even if the price of oil stays high, it may not
be able to sustain Venezuela if oil production
continues to drop, subsidized domestic
consumption keeps rising and government spending
continues unmeasured and unchecked. While other
oil producers, like Russia and Nigeria, are
piling up surpluses, Venezuela is spending
everything it gets. Venezuela once had a $6
billion oil fund to be saved for lean years;
Chávez has spent all but $700 million of it. The
vast majority of Chávez's new missions and worker
cooperatives are dependent on state handouts —
unsustainable when government revenue falls. A
devaluation of the currency would wipe out the income gains of the poor.

This is classic oil curse, and Venezuela has seen
it before. In 1973, and in 1981, Venezuela spent
oil money wildly, without controls. Each time a
boom ended, it left Venezuela worse off than
before it began — per capita income in 1999 was
the same as in 1960. Chávez has quite likely
intensified these cycles, and the country is less
able to produce anything other than oil.

Venezuela's adventures in oil nationalization
have produced two very different models. At a
time when oil prices were low and the country in
dire need of social spending, the old Pdvsa's
focus on reinvesting in oil production was
undemocratic and unfair to the Venezuelan people.
But the new way has produced something arguably
worse — economic failure despite a boom in oil
prices, and it is unfair to future generations.

IX.

Nationalization is often a response to the
failure of privatized oil to respond to the
people's needs. Even in the United States, where
there is a good chance of getting caught, oil
companies have inflated their costs or illegally
deducted costs and engaged in other machinations
to minimize payouts. For poor countries, the
risks of getting a raw deal from private oil
companies are much greater. History is littered
with contracts that give Big Oil obviously unfair
advantages — Shell in Nigeria, Mobil in
Kazakhstan and Texaco in Ecuador to name a few.
Oil can also be an irresistible seduction to a
country's ruling class. Where democratic
institutions — or even merely transparent
processes — don't exist, the lure to corruption
is powerful. Oil in Russia, for example, was sold
off not for maximum profit to the country but
maximum profit to the officials who oversaw
privatization. In Equatorial Guinea, ExxonMobil,
Amerada Hess, Marathon and others made payments
to President Teodoro Obiang or his family for
land, security and other services, according to a
Senate investigation of money-laundering
involving Riggs Bank, where some of those payments ended up.

Nationalization, however, doesn't cure these
ills, and it can deprive a nation of its rightful
take of its natural wealth in other ways. One is
simply lack of know-how. One reason President Evo
Morales of Bolivia pulled back from his threats
to radically nationalize the country's gas
industry is that Bolivian officials realize they
cannot manage the business themselves. Morales
has focused on raising royalties on fields with
known reserves, fields where companies
essentially are guaranteed a return on
investment. The royalty had been at 18 percent.
Under pressure from popular protests, the
previous government raised the rate to 50
percent, and last year Morales raised it to 82
percent in some cases. While foreign investment
in Bolivia's natural-gas industry has fallen,
every analyst I talked to said it was not because
of the royalty hike. Morales's nationalization
rhetoric, not royalty rates, made private
companies skittish. "There's a big difference for
an investor when there's a worry about
nationalization," said Amy Myers Jaffe, a fellow
at the nonpartisan James A. Baker III Institute
for Public Policy, at Rice University in Houston.
"There are intangible factors I can't control,
and it's creating all this political risk." Roger
Tissot of PFC Energy adds: "Companies don't have
a problem paying more rent and taxes. They do
have a problem giving up control."

So perhaps the best strategy for resource-rich
countries is to keep the oil private, watch it
carefully and tax the hell out of it. Better yet,
raise royalties, which are more straightforward
and easier to collect. "If your objective is to
maximize rent, then the best way is to have
companies compete with one another in open
bidding for access," Tissot says. "Angola and
Libya have done this very successfully. Libya
invited private companies to come back and is
squeezing 90 percent of the profits out of them."

As a slogan, "Negotiate a Better Royalty Rate!"
doesn't have the ring of "The Oil Is Ours!";
nationalization of natural resources can bolster
a country's psyche even if the management of
those resources is a failure. The urge to
nationalize is, at its core, a political one.
Chávez seized Pdvsa not so it would produce more
but so he could directly control the money. When
governments give into this urge, they tend to be
susceptible to the temptations of using oil for short-term gain.

But not always. Nationalized oil production
doesn't necessarily lead to political corruption
or shortsightedness. If the old Pdvsa were
operating in today's booming oil market, there
might be plenty of money for investment in oil
and social programs. But it would be the
government's job to watch the company closely to
make sure the state got its fair share — in other
words, to ensure oil does what it should do:
produce maximum sustainable money for the state.
It's also the government's job to use the money
wisely. That is a more important and difficult
problem than the dilemma of whether to
nationalize, and the solution does not depend on
whether production is nationalized or privatized.
It is not even an oil problem at all.

All oil production ends up at some point in the
realm of politics — whose interests will the
bounty serve? The only way to mitigate the
political influence is transparency for
state-owned and private companies alike. "There
should be a law that a national oil company has
to publish its corporate figures, matching an
S.E.C. filing," says Jaffe, the Baker Institute
fellow. "We recommend that there be a regulator
in Parliament that requires full reporting. And
it should be open to the public. It's easy to say and hard to do."

Private companies do release credible annual
reports — but many of them never reveal what they
pay host governments. Several new nongovernmental
campaigns, like Publish What You Pay and the
Extractive Industries Transparency Initiative,
are trying to shame companies and governments
into bringing the books out into the open. So far
they have had limited success.

"The problem isn't who owns the resources, it's
what you get from the proceeds," says David
Mares, a professor of political science at the
University of California, San Diego, who studies
energy in Latin America. "If you waste it in
corruption and unsustainable programs, it's as
bad as if you have international corporations
dominating, who pay very few taxes."

Nationalization won't keep oil from being stolen.
Good oversight, accountability and management of
the funds will, no matter who owns the oil. "On
Jan. 1, 1976, the day of nationalization, Pérez
gave his speech with a banner behind him that
read 'El Petróleo Es Nuestro,' " Antonio Szabo
says. "Guess what? It was nuestro all along."

Tina Rosenberg is a contributing writer for the magazine.



Home
World U.S. N.Y. / Region Business Technology
Science Health Sports Opinion Arts Style Travel
Jobs Real Estate Automobiles Back to Top
Copyright 2007 The New York Times Company

Monday, November 5, 2007

Carlos Peña y la venta de la pildora del dia despues en farmacias




Carlos Peña
Preferiría no hacerlo
El Mercurio, noviembre 4, 2007

Algunos comerciantes -agobiados, sin duda, por
eso que los antiguos llamaban temor de Dios- han
alegado, incluso mediante inserciones de prensa,
la "objeción de conciencia" para no vender la
llamada píldora del día después. La alegación
parece razonable: si el mandato legal de
distribuir la píldora viola gravemente su
conciencia moral, entonces parece correcto
eximirlos de esa obligación ¿Acaso una sociedad
democrática no debe respetar la conciencia de sus miembros?

Este tipo de problemas no es nuevo y aunque suele
estar plagado de prejuicios -a fines del siglo
XIX, en Inglaterra, se promovió incluso la
objeción de conciencia contra las campañas de
vacunación- debe ser considerado con cuidado.
Después de todo, la autonomía individual supone la libertad de errar.

Una sociedad abierta debe entonces aceptar la objeción de conciencia.

Pero la objeción de conciencia no es un derecho
general para que cada uno decida si acaso -de
acuerdo a sus convicciones- debe o no cumplir la
ley. Eso es incompatible con la existencia del
Estado. Un derecho democrático exige el deber
moral -y no meramente prudencial- de todos los ciudadanos de cumplir la ley.

Luego el problema consiste en dilucidar en qué
casos excepcionales y en virtud de qué razones la objeción debe ser admitida.

El caso más obvio es el de las obligaciones
legales que imponen deberes de respeto o de
homenaje a ciertos símbolos (como la bandera
nacional). En estos casos la objeción de
conciencia debe admitirse por motivos incluso
lógicos (un respeto impuesto mediante amenazas,
no es genuino respeto). Así, si un Testigo de
Jehová se niega a saludar la bandera, está en
todo su derecho y no debe ser sancionado por eso.

Distinto es el caso de obligaciones legales hacia
personas determinadas. En este caso existen
terceros cuyos derechos pueden verse lesionados
si se permite la objeción de conciencia. Si el
médico del hospital público es Testigo de Jehová
y se niega a hacer una transfusión de sangre a un
paciente, la objeción de conciencia no puede
aceptarse. No es razonable que alguien sacrifique
a un tercero para homenajear su conciencia. Así no.

En fin, en ocasiones tenemos deberes legales
hacia personas indeterminadas. Este es justamente
el caso de los farmaceúticos. Ellos tienen, prima
facie, el deber legal de vender la píldora a
quien la solicite ¿Pueden esgrimir su conciencia
moral para no cumplir con la ley?

El Papa Ratzinger ha dicho que sí, que los
farmaceúticos tienen el derecho a negarse a
"suministrar productos para fines claramente
inmorales, como por ejemplo el aborto o la
eutanasia". No cabe sino estar de acuerdo con el
Obispo de Roma: si usted piensa que el
cumplimiento de un deber legal sacrifica su
conciencia más íntima, y no existe un daño
inmediato a terceros (porque hay bienes
sustitutos o una oferta alternativa) entonces
usted debe estar autorizado para incumplir la ley
sin que se le sancione por eso.

Pero, claro, nada de lo anterior se aplica a las
cadenas de farmacias, a esas grandes empresas
comerciales cuya propiedad se difumina en miles
de accionistas. Ese tipo de organizaciones -las
empresas- no tienen derecho fundamental a la
libertad de conciencia. Las asisten otros
derechos fundamentales; pero no el de la libertad
de conciencia que funda la objeción. Como dijo
Ratzinger -al hablar ante el Congreso
Internacional de Farmacéuticos Católicos, el
pasado 29 de Octubre- el derecho a la objeción de
conciencia "es un derecho que debe ser reconocido
a esa profesión": la de farmacéutico, que no es
lo mismo que la de propietario de farmacias o
comerciantes en el sentido técnico de la ley.

Luego pueden objetar conciencia en estas materias
los farmacéuticos o quienes realizan acciones
terapéuticas; pero no los dueños de cadenas
comerciales. La propiedad de una farmacia (o de
varias) no transforma a nadie en farmacéutico,
como la propiedad de un laboratorio no transforma
a nadie en científico o la de un restaurant en
gastrónomo o la de una universidad en intelectual.

Y es que la libertad de conciencia -y uno de sus
derivados: el derecho a la objeción de conciencia- es un derecho individual.

La libertad de conciencia la tienen entonces las
mujeres que habrán de decidir si consumen o no la
píldora, los terapeutas privados que habrán de
decidir si la prescriben o aconsejan, los
farmacéuticos que habrán de optar por suministrarla o no.

Los dueños de las farmacias -o sea, los
empresarios o comerciantes- no tienen ese derecho
en tanto propietarios. En tanto individuos y en
lo que atinge a su esfera de autonomía sí. Pero
no más allá de eso. Los empresarios no pueden
imponer su opción en esta materia a quienes
trabajan con ellos: la propiedad no autoriza a
sustituir a otros en el ejercicio de su autonomía individual.

Así entonces serán los profesionales de la
farmacia quienes tendrán que echar mano a su
conciencia para decidir. Si fuera el criterio del
propietario el que imperara, los dueños de las
farmacias podrían -en el otro extremo- obligar a
suministrar fármacos a quienes, por motivos de
conciencia, podrían juzgarlos dañinos.

Y es que una cosa es proteger la conciencia de
los individuos; otra cosa es permitir que los
propietarios decidan por los individuos. Una cosa
es ser Bartleby; otra cosa es ser el patrón.