Transparencia en el financiamiento de estudios

Transparencia en el financiamiento de estudios
Eduardo Engel*

La Tercera, agosto 31, 2008

"Nuestra composición a nivel de directorio y financiamiento es pública"
respondió Claudia Bobadilla, gerente general de la  Fundación País Digital,
cuando Eduardo Bitrán, presidente del Consejo de Innovación, cuestionó que
dicha fundación haya contratado un estudio para determinar cómo estamos en
acceso de alta velocidad a internet.

Es cierto que la composición del directorio de País Digital se encuentra
disponible en la página web de la fundación, sin embargo, no hay nada sobre
cómo se financia la entidad. La sección "Quiénes somos" sería el lugar
natural para mencionar las fuentes de financiamiento; cuando miré dicha
sección el viernes 29 de agosto no encontré una palabra. Tampoco encontré
algo en las restantes secciones de la página web: Qué hacemos, Alianzas,
Documentos, Sala de Prensa y Newsletter.

Es evidente que la información sobre financiamiento debiera aparecer de
manera destacada en la página web de la fundación. Pero no basta con eso.
Los financistas deben mencionarse en cualquier estudio que la fundación
realice y en todo comunicado de prensa basado en dicho estudio. Esto
vale especialmente en el caso del estudio que motiva esta columna si,
como aseguran varias fuentes consultadas, la fundación es financiada
por empresas que participan en el negocio de la banda ancha. País Digital
puede financiar los estudios que desee, pero la opinión pública tiene
derecho a saber si hay intereses de los financistas en juego. También
sería deseable que el estudio completo y los datos utilizados en el
análisis estadístico estén disponibles en la página web, lo cual no
era el caso al 29 de agosto (había sólo un resumen ejecutivo).

El tema es importante. Ya nos pasó una vez, durante la segunda mitad
de los noventa, que  no aprovechamos debidamente las oportunidades
que daba la Internet, debido a que el regulador no se atrevió a actuar
con determinación para reducir los altos costos de acceso de aquel
entonces. Si estamos repitiendo la historia, y hay estudios
independientes que así lo sugieren, sería bueno que la ciudadanía
lo sepa para que pueda exigir una acción más decidida del gobierno.

Las empresas suelen contratar estudios para dar credibilidad a sus
puntos de vista y así promover sus intereses ante la opinión pública
y las autoridades. Tienen derecho a hacerlo y me ha tocado leer
estudios de este tipo con análisis serios e información valiosa.
Sin embargo, con mayor frecuencia los estudios contratados por
empresas que he leído incluyen argumentos espúreos, además de
análisis econométricos con errores evidentes, errores que contribuyen
a concluir lo que conviene al financista.

Un tema relacionado con estudios y falta de transparencia, es
cuando no se indica que un participante en el debate público
recibió financiamiento de una parte interesada. Tienen todo el
derecho a opinar, qué duda cabe, pero la opinión pública tiene
derecho a saber si fueron financiados por alguna de las partes.
Un caso reciente, con consecuencias a mi juicio poco afortunadas,
fue a propósito de la reforma de la ley de pensiones, donde
varios economistas que se opusieron a hacer más competitivo el
sector introduciendo una licitación de grandes grupos de
afiliados resultaron ser quienes habían realizado un estudio
encargado por la Asociación de AFPs, estudio que argumentaba
en contra de dichas licitaciones. La cobertura de los medios
de la gran mayoría de sus intervenciones no consignó su
relación con el gremio de las AFP.

La opinión pública tiene derecho a saber quién financia un
estudio sobre un tema de interés público y es razonable
tener un cierto grado de escepticismo cuando el estudio es
contratado por una empresa interesada en el tema y las
conclusiones favorecen a dicha empresa (como habitualmente
sucede). Una manera de que esto funcione en la práctica es
que cuando un medio reportee sobre estos estudios mencione
los financistas, enfatizando si estos incluyen actores
interesados.

Durante la última década los medios chilenos han avanzado
de manera importante fiscalizando a las autoridades
políticas, lo cual ha sido muy positivo. Es hora que
también ejerzan dicho celo periodístico cuando reportean sobre
estudios que terminan influyendo sobre las políticas públicas.




Eduardo Engel
Department of Economics, Yale University
Mail Address: Box 208268 Yale Station
                    New Haven, CT 06520-8268
Courier Address: 28 Hillhouse Ave.
                        New Haven, CT 06511
Tel:  203 432-5595
Fax: 203 436-2626
http://cowles.econ.yale.edu/faculty/engel.htm